La turbamulta organizada esta semana por los sectores opuestos a la Ley Minera es absolutamente injustificada. El Gobierno, hay que decirlo sin ambages, ha actuado de manera sensata: la explotación minera es estratégica para el país de cara a los desafíos que en el futuro se le plantearán a las economías dependientes de una fuente única de recursos, como es el caso de la dependencia petrolera.

Si se repara en las proyecciones que la industria minera tiene para los próximos diez años en Ecuador: 4 billones de inversión en exploración y producción; 40 mil nuevos puestos de trabajo; beneficios directos para el Estado y las comunidades cercanas a la explotación de un orden de 50% de la inversión durante el período de producción; en fin, incremento en las recaudaciones fiscales, nuevos incentivos económicos y desarrollo de la fuerza laboral ocupada, conforman, junto a los nuevos estándares medio ambientales y técnicos, los elementos virtuosos de una minería responsable que es preciso alentar y no desestimular.

El potencial minero del país se estima en 32 millones de onzas de oro; 97 millones de onzas de plata; y, 10 millones de toneladas de cobre. Todas estas reservas nos estarían indicando una producción que se extendería hacia los próximos 20 años. La pregunta entonces es si realmente los grupos sociales que cuestionan la ley han sopesado conscientemente estos factores positivos frente a potenciales aspectos negativos.

Cierto es que la explotación minera, en años pasados, ha sido desastrosa para las comunidades locales y la fuerza laboral, sin embrago, no por ello debemos cerrar los ojos a una actividad productiva que en la actualidad cuenta con estándares internacionales que garantizan la preservación del medio ambiente, y las empresas multinacionales dedicadas a la explotación, con programas de responsabilidad social empresarial.

El Consejo de Minería Responsable, CONMIN, compuesto por aproximadamente 9 empresas mineras, siguiendo esta nueva visión de implantar una estrategia de exploración y explotación responsables se ha planteado los siguientes objetivos: a) promover una licencia social que genere un entorno de transparencia y confianza; b) implantar buenas prácticas y estándares de la industria en sus operaciones; c) promover que nuevos miembros asuman esos estándares; d) mejorar los vínculos y lazos entre trabajadores, comunidades, empresarios y entidades gubernamentales; e) promover la actividad minera como un factor en el desarrollo local sustentable; y, f) posicionar la minería responsable dentro de la planificación regional.

Desde esta perspectiva, las empresas que conforman este Consejo, entienden a la industria de manera muy distinta que en el pasado. No estamos, por tanto, frente a compañías expoliadoras, más bien se trata de entidades dispuestas al diálogo social e interesadas en revertir beneficios a las comunidades autóctonas y a los gobiernos locales en los que se ejecutarán las explotaciones, de ahí que resulta incomprensible que los grupos sociales opositores no hayan sopesado estos factores muy favorables al diálogo.

El Gobierno, hay que decirlo, no escatimó esfuerzos en promover esta apertura, no obstante, siempre imperó la intransigencia y la dirigencia indígena no ha hecho un concienzudo estudio de las ventajas que podría traer el desarrollo del polo minero para sus poblaciones.

También es verdad que la explotación no subterránea acarrea, al menos en nuestro medio, un serio riesgo para el ambiente (teniendo en consideración las zonas de la Amazonía en donde se han descubierto los yacimientos mineros), por lo que es fundamental tener una posición firme sobre el tipo de explotación, que la ley sí está previendo en sus acápites de control, por lo que una vez más repetimos, no es justificada la oposición sin el debido fundamento.

velascop@granasa.com.ec