“Aquí no roban, aquí dan plomo”. Con esa frase, una mujer de unos 60 años, propietaria de uno de los diez hoteles que tiene San Lorenzo, advierte a sus huéspedes sobre la violencia que reina en este cantón de la norteña provincia de Esmeraldas.
Las estadísticas policiales no solo que confirman lo dicho, sino que escenifican la cruda realidad de una población ecuatoriana limítrofe con Colombia, en la que confluyen, más que la violencia, las diversas redes de tráfico de drogas, de armas y municiones, de combustibles, de lavado de dinero y de precursores químicos.
El comandante de la Policía de Esmeraldas, coronel Gonzalo Suasnavas, está consciente de ello e impulsa la construcción de destacamentos en Limones, la Tola y Borbón, para intentar bajar los índices.
Durante el 2008, la Policía Judicial de San Lorenzo registró 59 asesinatos y 15 tentativas de asesinatos. Pero estas cifras no incluyen a los hechos de sangre registrados en la zona.
“En la mayoría de casos no se puede hacer el levantamiento del cadáver con el fiscal porque los familiares se llevan al muerto antes de que lleguemos y ni siquiera ponen la denuncia”, cuenta el mayor Rommel Navarrete, comandante (e) de la Policía de San Lorenzo.
Según el oficial, tampoco se pueden investigar todos los crímenes porque uno de los mayores problemas que enfrentan es la falta de información. “Cuando alguien muere, nadie ha visto ni oído nada, aunque alguien haya estado a metros de la escena del crimen”.
Por los escasos datos que consiguen después de cada crimen, la Policía cree que los asesinatos son producto de ajustes de cuentas entre las bandas delincuenciales que operan en este sector del país.
Pero hay quienes tienen otra visión de los hechos y argumentan que hay grupos armados que están asesinando a los delincuentes, para mantener limpios los corredores del tráfico de drogas, armas y municiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Precisamente este cantón, de 305.310 hectáreas de tierra ocupadas por pequeñas fincas, plantaciones de palma africana, bosques y manglares, fue escogido por la red de Jefferson Ostaiza para esconder las 4,7 toneladas de clorhidrato de cocaína que la Policía incautó en septiembre del 2008, en el operativo Huracán de la Frontera.
San Lorenzo, junto con cantones de la provincia de Sucumbíos, es uno de los que más ha crecido en población en los últimos ocho años. El censo del 2001 contó allí a 28.180 habitantes (14.600 en la zona urbana y 13.580 en la rural).
El municipio local asegura que ahora hay 42.000 personas, aunque la proyección del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) es que habría 33.179 habitantes.
Cualquiera que fuese la cifra poblacional correcta, el crecimiento es atribuido al proceso migratorio de los colombianos.
Familias enteras salieron huyendo de la violencia de su país y se instalaron en una zona que aumentó su actividad comercial y en cierta forma su nivel de vida, pero también su conflictividad social.
En San Lorenzo ya comenzó a hablarse de las llamadas vacunas (dinero) que empiezan a cobrarle a los comerciantes más prósperos para darles seguridad (no matarlos ni secuestrarlos).
Aunque la Policía ha conocido de estas extorsiones, los afectados niegan que estén siendo amenazados. Hasta ahora no hay ni una sola denuncia en la Fiscalía ni en la Policía que les permita iniciar una investigación sobre los extorsionadores.
Navarrete asegura que es difícil investigar, incluso los asesinatos, en un cantón donde la gente tiene miedo de contar las cosas por temor a ser asesinada. “Aquí todo el mundo calla la verdad”.
Los dos únicos fiscales que hay (Antonio Durán Delgado y Luis González) tampoco tienen las garantías ni la protección para hacer su trabajo ni los medios logísticos para los desplazamientos internos y hacia las áreas rurales.
Casos detenidos
Sus oficinas están en el último piso de una construcción de tres plantas y cada vez que hablan sobre algún caso tiene que sacar la cabeza por la puerta para ver si alguien los espía.
Con excepción del caso de las 3,8 toneladas de drogas halladas en noviembre del año pasado en la hacienda el Brujo (parroquia Palma Real) que recayó en la fiscalía de Antonio Durán, los demás casos de tráfico de estupefacientes que han llegado a estas fiscalías no superan los 450 kilos.
Además, muchas de las indagaciones previas iniciadas por los crímenes están detenidas, porque no hay pistas que permitan identificar ni el motivo del crimen ni a los asesinos.
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Silva sabía de Oliver Solarte El mayor Manuel Silva, ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía, conocía de las frecuentes visitas del guerrillero Oliver Solarte Cerón, a Santo Domingo de los Tsáchilas.
El policía Pablo Córdova Coronel (detenido) le dijo al fiscal Jorge Solórzano, quien lleva el caso Huracán de la Frontera, que desbarató la red de Jefferson Ostaiza, que el mayor Silva lo llamó a él para preguntarle si era verdad que dos hombres, que le brindaban seguridad a Solarte, eran sus informantes, a lo que él le contó que sí y que estaban en contacto con él. La consulta le fue hecha cuando se investigaba el robo de una mercadería en el sector de Puembo.
Fuentes de Inteligencia Militar confirmaron a este Diario que tenían información de que el líder guerrillero, también conocido como “El Ingeniero” o “Gordo”, ingresaba constantemente al país, por la provincia de Sucumbíos, pero no lograron ubicarlo en nuestro territorio.
Solarte, considerado el nexo de las FARC con los carteles del narcotráfico en México, pasó varios sustos en la provincia de Sucumbíos.
En una ocasión, cuatro de los hombres que le brindaban seguridad -tres colombianos y un ecuatoriano- fueron apresados en esta provincia, durante un operativo de control policial.
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Crímenes en serie
Los asesinatos en masa en San Lorenzo ocurren casi siempre después de que aparece el primer muerto, dice el coronel Romel Navarrete. Y generalmente, los cuerpos tienen entre diez y quince orificios de bala.
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Crisis energética
Banca positiva
El costo del delito
Visiones distorsionadas
Tesoros
