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Justa actitud

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Reiteramos que el informe que presentó el Relator de la ONU, que vino al país a pedido del gobierno, constituye un documento que debe ser estudiado con desapasionamiento y afán de aprovecharlo, sin importar que hay quienes, desde el propio gobierno, han tratado de desestimarlo.

En este sentido, el Ministro de Justicia ha pedido a las propias autoridades judiciales, cuyas falencias son señaladas con dureza en el informe, que estudien ese documento, a fin de que se analicen los casos impunes -decenas y decenas-, que allí constan, muchos de los cuales han causado el repudio de los ciudadanos y han sido factor para que se desconfíe de la administración de justicia.

La actitud del Ministro de Justicia, a quien específicamente le corresponde tratar el asunto, interpreta no solo una necesidad ética, sino una corriente muy fuerte en la ciudadanía, que ha recibido con estupor decisiones de jueces que han contribuido no solo a la impunidad, sino a que el pueblo ecuatoriano pierda fe en los principios básicos de la vida colectiva, pues como se sabe, la impunidad es un factor quizá más grave que el delito mismo.

Los cálculos políticos en unos casos, las presiones económicas y sociales en otros, y los compromisos de diversa naturaleza, se ponen en juego alrededor del trámite de los procesos y en repetidas ocasiones, algunos jueces han caído en la tentación o han sentido temor.

Pero hay otro aspecto sumamente importante: la falta del número necesario de fiscales y jueces; tomando en cuenta que, de acuerdo con la ley penal -código sustantivo y de procedimiento-, son los que llevan a cabo la investigación, y los jueces los que dictan sentencia a base de ella. Si es que la población ha crecido notablemente, es obvio que haya crecido el número de delitos; por lo mismo, deben aumentarse en forma proporcional los juzgados y fiscalías. Esto no sucede en el país, y ello constituye una de las causas de las falencias que sufrimos en un aspecto tan vital para la sociedad como la administración de justicia.