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Nuevo modelo de contrato pone varias condiciones
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Martes, 27 de Julio de 2010 - 23:53
Redacción Quito - MAB
Los primeros consensos estarán listos en agosto
Nuevo modelo de contrato pone varias condiciones
A las petroleras privadas se les exigirá cambiar la modalidad de contrato, no participar en los ingresos extras, elevar sus inversiones, acordar una tarifa y otros temas.
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Principales cambios en la Ley de Hidrocarburos (las disposiciones son aplicadas desde hoy)
El Ministerio de Recursos Naturales tiene listo el nuevo modelo de contrato de prestación de servicios, que se aplicará con la vigencia de la nueva Ley de Hidrocarburos, el cual contiene al menos una docena de condiciones que se negociarán con las petroleras privadas.
Para comenzar, todas las contratistas deben cambiarse del contrato de participación a uno de prestación de servicios. La empresa que no acepte esta condición tendrá que salir del país con una liquidación razonable. “De esta forma, la totalidad de la producción petrolera será de propiedad del Estado y no solo un promedio del 20% como hasta la fecha”, según el ministro Wilson Pástor.
Otra condición es que el Estado se quedará con la totalidad de los ingresos extraordinarios por el alza del precio del crudo. Antes de las reformas a la Ley de Hidrocarburos, las empresas recibían el 30% de los ingresos extras. Por ejemplo, si el precio base era de $ 35 por barril y el precio internacional de $ 70 por barril, la contratista se beneficiaba de $ 10,5 por barril. Así, una empresa que producía 20.000 barriles por día, sin aumentar la eficiencia, ganaba una utilidad neta de $ 48 millones”, explicó Pástor.
También se condiciona a las empresas a que no deduzcan de la base imponible del Impuesto a la Renta los costos financieros ni costos de la casa matriz. En transporte solo se les reconocerá el valor real.
Además, se exigirá a las empresas que incrementen sus inversiones para mantener o aumentar la producción petrolera. “Las que no acepten estas condiciones tendrán que ir preparando maletas para irse del país”, reiteró a los medios el ministro Jorge Glas.
Lo primero que se negociará será la tarifa que se fijará en función de las inversiones, los costos de producción y una utilidad razonable. “A mayor riesgo geológico para encontrar nuevas reservas y extraerlas, mayor utilidad”, señaló Pástor.
Las empresas tendrán que sujetarse a una tarifa. Según el modelo, con un precio promedio de $ 70 por barril, la tarifa sería de $ 35 por barril. En ese valor se le reconocen costos, gastos e inversiones que significarían unos $ 19 por barril. A la compañía le quedarían $ 16 por barril de los que se descontará el 25% de Impuesto a la Renta. Entonces, la compañía recibiría una utilidad de $ 11 por barril. De ese valor habrá que descontar el 15%. Y de este porcentaje, el 12%, que significará un monto anual de $ 130 millones, que se repartirá a las comunidades de las zonas de influencia de donde se saca el petróleo y el 3% será para los trabajadores.
Las reformas a las leyes de Hidrocarburos y de Régimen Tributario Interno, en vigencia desde ayer con su publicación en el Registro Oficial, también modificaron lo referente al Impuesto a la Renta (IR) que deben pagar las empresas de explotación de recursos no renovables.
El nuevo texto del artículo 90 de la norma que rige el sistema tributario en el país, muestra la reducción del porcentaje de ese arancel, que hasta el lunes pasado era del 44 por ciento y ahora está ubicado en el 25 por ciento.
Carlos Mackliff, experto en Tributación, explicó que con ese cambio las empresas petroleras que tenían la concesión de yacimientos de crudo en el país ya no podrán aplicar la reinversión de impuestos porque desde ahora pasan a ser solamente prestadoras del servicio de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos.
“Las compañías son perjudicadas porque ya no venden el petróleo que extraen sino que prestan el servicio. Su beneficio va por el lado de que ya no pagarán el 44 por ciento del IR, sino el 25 por ciento, pero la utilidad que obtenían por la explotación y venta del recurso va a disminuir”.
Según la lectura de Mackliff, las petroleras transnacionales “perderán el interés de trabajar en el país porque ya no van a ganar mucha plata”, porque ya no tendrán la concesión de campos para la explotación y posterior venta de crudo en el mercado internacional.
La deducción de gastos, según el experto, es otra de las ventajas de la reforma a la normativa tributaria.
Con la reforma, también fueron eliminados los artículos 91, 92, 93, 94 y 95 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que se referían a las formas de deducción a las que estaba sujeta Petroecuador.
La petrolera estatal será reestructurada y desde ahora tendrá a su cargo la exploración y explotación de hidrocarburos, mientras que la potestad administrativa la tendrá el Ministerio de Recursos Renovables y la nueva Secretaría de Hidrocarburos, que se creó con las reformas. (ALS)
La Fetrapec cuestiona a Cazar
Los empleados petroleros cuestionan el nombramiento de Ramiro Cazar como secretario de Hidrocarburos. “Este nombramiento vulnera la Constitución y la ley, toda vez que Cazar consta como funcionario de la EP Petroamazonas, con una remuneración cercana a los $ 10.000 mensuales”, afirmó Fernando Villavicencio, dirigente de la Fetrapec.
Añadió que los trabajadores rechazan la disminución de las utilidades del 15% al 3% como dispone la reforma, mientras Cazar cobró, varios años, decenas de miles en utilidades con el 15% en Oxy y luego en Petroamazonas, dijo. (MAB)
Los cambios son inconstitucionales
La nueva ley petrolera es inconstitucional porque reforma tres materias distintas: hidrocarburos, tributario y laboral, dijo el analista Henry Llanes. Los hidrocarburos están regulados por una ley ordinaria y los tributos por una ley orgánica. De acuerdo con esta jerarquía, una ley ordinaria no debe reformar a una ley orgánica sino a la inversa, explicó.
Además, viola el Código de Trabajo porque reduce el porcentaje de utilidades de los trabajadores en el sector petrolero privado, conculcando los derechos laborales protegidos por la Carta Magna y los acuerdos internacionales, puntualizó. (MAB)
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