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De 239 camaroneras inspeccionadas por la Subsecretaría de Acuacultura en la isla Puná, el 63% no tenía registrado a su personal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según el titular José Centanaro.
Uno de los alcances del decreto 261 es hacer respetar los derechos laborales, explicó el funcionario. El atraso en las obligaciones patronales o la violación de alguno de los derechos laborales también es una nueva causal para revertir concesiones en zonas de playa y bahía o autorizaciones en tierras altas.
El decreto tampoco permite el incumplimiento de las obligaciones tributarias, tener camaroneras cuyas compañías sean domiciliadas en países considerados paraísos fiscales o si se detecta que no se cumple con las normas sanitarias establecidas en la Ley Orgánica de la Salud. En esos casos la concesión también será revertida al Estado.
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