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Invermun: anillo del silencio

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El señor Jaime Solórzano Ycaza ha sido cuestionado y enjuiciado por el asunto Invermun; pero fue quien entregó la prueba básica sobre las denuncias que hizo el Ing. Fabricio Correa sobre la red de sobornos que habría entregado Invermun S. A. a una rica lista de altos funcionarios, para obtener el permiso respectivo y así mantener en el país esa red poderosa de negocios de las llamadas máquinas tragamonedas, acerca de lo cual se hizo un gran escándalo que hasta ahora ha quedado en nada.

El mismo señor Solórzano, declaró bajo juramento ante el Fiscal General sobre este asunto el 22 de septiembre del año pasado y entregó al funcionario una documentación en que basaba sus afirmaciones. En diciembre del año aludido, proporcionó más documentos y “solicitaba se efectúen ciertas pesquisas”, según dice en una carta en la que acota un artículo mío publicado el domingo pasado en el que se resaltó el sospechoso silencio con que ha sido rodeado el asunto. “Al parecer lo único que hice, dice Solórzano, fue entregarle ‘el queso al ratón’, ya que no se ha hecho nada por parte del doctor Pesántez ni por ninguno de los entes de control (SRI, lavados de activos, CAE, Superintendencia de Compañías, IESS, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Turismo, Ministerio de Gobierno, Intendencias, etc.), (…) todos salieron como grandes descubridores ‘agua tibia’ aduciendo que estaban atrás de la empresa Invermun S. A., pero nadie dio el paso adelante y fui objeto de una persecución”.

“(...)el 15 de enero de 2010, la ministra de Turismo, Ec. Verónica Sion de Josse, solicitó al doctor Gustavo Jalkh, ministro de Gobierno, que emprenda los operativos de clausura de las salas de juego, decomiso y destrucción de las máquinas tragamonedas; este Ministerio en oficio circular No. 2010-0730-SJ, transmite dicha solicitud a los señores intendentes generales de Policía de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura y Loja, para que procedan con dicho operativo; tampoco este operativo se llevó a efecto, burlándose una vez más de las órdenes del Presidente, ministros, intendentes, etc.; pero (…) hay dos nombres que (…) constan en el proceso, que habrían ordenado ‘arreglar’ a cualquier precio para que (…) puedan funcionar legalmente en el Ecuador”, esas máquinas tragamonedas.

¿Alguien podría explicar esto?