En detención provisional desde hacía un año, Serguei Magnitski, de 37 años de edad y abogado del fondo de inversiones británico Hermitage Capital, murió el 16 de noviembre pasado en la prisión de Matrosskaya Tishina, en Moscú. Las autoridades rusas hablan ya sea de un “paro cardiaco”, de una “ruptura de la pared abdominal” y de un “choque tóxico”, para explicar los motivos de su muerte.
Acusado de fraude fiscal, el abogado todavía no había sido sentenciado. Los cargos presentados en su contra le fueron fabricados. ¿Su crimen? Haber denunciado un robo equivalente a unos 160 millones de euros, cometido por una banda formada por policías, funcionarios de la administración fiscal y ex reos de la justicia. Se atrevió a presentar una demanda. Pocas semanas después, fue arrestado por los mismos policías que había denunciado.
Pese a sufrir de una enfermedad intestinal, Magnitski no logró que le dieran atención médica, como prueban sus documentos de prisión. La Fiscalía, por su parte, niega la realidad cuando asegura que “no había tenido la menor queja de su estado de salud”. La verdad es que Magnitski estaba siendo sometido a “presiones” para que declarara en contra del Fondo Hermitage.
Mantener tras las rejas a un enfermo sin que pueda recibir un tratamiento médico adecuado equivale a tortura. Y es un tratamiento inhumano, prohibido por los artículos 3 y 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que Rusia se comprometió a respetar cuando se convirtió en miembro del Consejo de Europa en 1996.
Trece años después, Moscú bloquea la reforma de la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo. Todavía no ha abolido la pena de muerte, como lo pide la Convención. Solo una moratoria prohíbe la ejecución de la pena capital en Rusia.
Moscú le da largas a la reforma de su sistema judicial y se ha mostrado renuente a buscar a los culpables de los asesinatos más sonoros del “decenio de Putin”: Anna Politkovskaïa, Alexandre Litvinenko, Natalia Estemirova, Magomed Evloev, Zarema Sadoulaeva, Makcharip Aouchev. Serguei Magnitski ahora vino a agregarse a esta larga lista.
El tándem en el poder -el presidente Dmitri Medvedev y el primer ministro Vladimir Putin- proclama su apego a los valores europeos. Rusia ha decidido prolongar su moratoria de la pena capital. Eso no quita que aún no sea un estado de derecho. Y que los rusos sean los primeros en padecer por ello. Y, en ocasiones como esta, en morir por ello.
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Secundada por miembros del Consejo de Ayuda al Desarrollo de la Sociedad Civil, Ella Pamfílova, su presidenta, denunció el lunes pasado ante el presidente ruso la muerte de Serguei Magnitski.
“Es una horrible tragedia que un jurista de 37 años perezca sin haber sido declarado culpable y solo cuando es investigado”, dijo Pamfílova.
Agregó que continúan los asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas y mencionó el del sacerdote ortodoxo Daniil Sisóyev.
La activista calificó el sistema judicial de “callejón sin salida de la justicia”. “Cualquier asesinato tiene las mismas consecuencias sociales y es un grave crimen”, replicó Dmitri Medvedev, pero alegó que no veía alternativa al sistema judicial, por mucho que sea el “escepticismo” que inspire.
Svetlana Gánnushkina, de la organización Memorial, entregó al presidente un retrato de la activista chechena Natalia Estemirova, asesinada en julio pasado. La Fiscalía rusa abrió una causa criminal sobre la muerte de Magnitski, después de que Medvedev ordenó investigar las causas del deceso del abogado que representaba los intereses del empresario William Browder. El País |
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