El mayor Manuel Silva, ex comandante de la desaparecida Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), dice sentirse desamparado.
A pesar de ello, ayer acudió a la justicia común para buscar su reintegro a las filas policiales tras haber sido separado por el Consejo de Generales, que lo sancionó por presunta ausencia ilegal del cargo.
Por intermedio de su abogado, Ramiro Aguilar, presentó una acción de protección en la Corte de Pichincha al considerar que se violó el debido proceso al juzgarlo en instancias policiales.
La jueza quinta de Tránsito, Francia Alarcón, quien tramita el recurso, quiso escuchar sus argumentos y lo convocó a una audiencia a las 09:00 de ayer.
Pocas personas estuvieron en el juzgado al que llegó el mayor Silva antes de la hora prevista, acompañado de Aguilar, quien lo patrocina ante las autoridades judiciales para lograr su retorno a las filas policiales, a las que llegó desde hace 21 años, pero que fue separado hace dos semanas.
Luciendo un impecable terno gris, el oficial saludó a los pocos presentes y recibió el apoyo de subalternos que custodian el palacio de Justicia de Quito.
Dos agentes lo cuidaban, protección que le brindó la Policía tras recibir un informe que determinó que existía un 97% de riesgo de agresiones físicas, psicológicas, atentados, secuestro o asesinato contra él.
Documento que, según su abogado, no fue tomado en cuenta por el Consejo de Generales para justificar la ausencia de Silva de las filas policiales.
Haber dejado de lado ese informe, así como violaciones de garantías constitucionales, del debido proceso, no haber sido notificado con el expediente abierto en la Policía y que concluyó con su baja, fueron -entre otros- los argumentos que expuso Aguilar ante la jueza.
Asimismo, el abogado informó a la funcionaria que a pesar de que el 12 de febrero el mayor Silva pidió la baja, el Consejo decidió abrirle un expediente al día siguiente, ignorando el requerimiento presentado con antelación. Para sustentar su defensa, incorporó documentos certificados y pidió a la jueza requerir el acta de la sesión en la que se le dio de baja a su cliente, con el voto en contra de Alfonso Camacho.
Mientras tanto, Andrea García, abogada de la Policía, leyó varias páginas de alegato para demostrar que el Consejo de Generales sí estaba en la facultad de sancionar al oficial. Incorporó varios documentos en los que dijo se demuestra que Silva sí conocía de las acciones iniciadas en su contra. (MCV)
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Resolución será en 72 horas
La defensa de la Policía solicitó a la jueza Francia Alarcón negar la acción de protección presentada por el mayor Manuel Silva, argumentando que el oficial debía esperar ser dado legalmente de baja antes de ausentarse de la institución. El pronunciamiento judicial se producirá a más tardar en las próximas 72 horas.
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