Esta columna ha sido incansable en solicitar a los Colegios de Abogados del país su pronunciamiento jurídico sereno y crítico sobre las leyes que se dictan en el Ecuador “por montones” con el propósito dizque de mejorar la situación del país, cuando en realidad de verdad al entrar en vigencia lo que hacen es entrabar la marcha de las instituciones.
Se promulgó el mal llamado Código Orgánico de la Función Judicial, que significa un retroceso para la administración de justicia.
Todos somos partidarios de cambios trascendentales. Todos los ecuatorianos anhelamos avanzar y no retroceder. Pero no aceptamos por motivo alguno que a título de “revolucionar” se marque el paso en el propio terreno o, lo que es peor, se “avance para atrás”.
El mal llamado Código Orgánico de la Función Judicial ha recibido el rechazo de quienes conocen y saben Derecho. Públicamente se lo ha calificado, con razón, como un cuerpo legal inconstitucional.
El Colegio de Abogados de Guayas, sensible al requerimiento de la orden de abogados de esta ciudad ha empezado la lucha para de conformidad con la Constitución vigente, y empleando los procedimientos que la Carta Magna estipula, se demande la inconstitucionalidad de este “Código”.
En todas partes del mundo, los abogados son los que se convierten en abanderados en la lucha por el imperio del derecho y de la justicia. Más aún en estos momentos en los que está... vigente un “código” que atenta contra el ejercicio de la abogacía, la presencia del Colegio es más allá de urgente y necesaria.
Aparte de todas las incongruencias, muchas de las cuales han sido analizadas por diferentes medios de opinión, el Código no puede ser aplicado por falta de fondos en la administración de justicia. El Consejo de la Judicatura, por la interpuesta persona de su Presidente, ha expresado que cómo va a ponerse en marcha este “código orgánico” si no se dan con los medios económicos necesarios para implementar la infraestructura que demanda la real aplicación de este cuerpo legal en todas las cortes provinciales del Ecuador. A la administración de justicia se le ha rebajado el 13% de su presupuesto.
Esto desnuda una vez más la capacidad de la que son poseedores los “solones” y “licurgos”, “justinianos y papinianos” de la era actual que creen que dictar leyes es soplar y hacer botellas... Y por eso es que el comisionado, como se autollama ahora el ex congresillista quien preside este organismo, se jacta a los cuatros vientos y dice que el organismo de su conducción, hasta culminar sus gestiones, (que ojalá sea lo más pronto...) va a entregar más de 20 leyes. ¡Campeones del mundo...! No hay que dar paso a la celeridad a costa de la eficiencia y de los buenos resultados.
Es muy fácil decir que se elaboran leyes, cuando lo único que se hace en muchas ocasiones es levantar los brazos para decir sí a leyes que les mandan desde “arriba”, o son elaboradas por expertos extranjeros bien pagados.
El Colegio de Abogados de Guayas ha dado un paso firme.
Hay que ir a la declaratoria de inconstitucionalidad del mal llamado “código orgánico de la Función Judicial.
Bien sabemos que posiblemente la Corte Constitucional, que forma parte de los organismos de control manejados por el Gobierno, podría decir que todo está muy bien, que nada hay que reclamar y les diga a los abogados recurrentes “que les vaya bonito”... Ojalá nos equivoquemos. No obstante que se corre este riesgo, hay que corrérselo porque no hay que tenerle miedo al miedo...